Columna de Opinión: La problemática de las personas sujetas a prisión preventiva en relación al Cóvid-19. Un peligro inminente.


Un tema de trascendental importancia es lo que está sucediendo desde hace ya un mes con la pandemia del Covid-19 o “coronavirus”, en donde se ha reafirmado la idea de la inoperancia del Gobierno de Sebastián Piñera ante situaciones que afectan al país, tal como sucedió desde el 18 de octubre de 2019 con el movimiento social.

Por lo anterior, ha surgido una problemática que ha pasado casi desapercibida, en relación a las personas que se encuentran privadas de libertad debido a una medida cautelar de prisión preventiva, y el peligro que supone la pandemia del Covid-19 para esas personas.

Debemos tener presente que una persona imputada por la comisión de un delito es INOCENTE hasta que se haya probado su culpabilidad y sea condenada por una sentencia firme (artículo 4° del Código Procesal Penal). Cualquier persona puede ser imputada por la comisión de un delito, sin que ello signifique, de manera alguna, culpabilidad en ese hecho delictivo, puesto que conforme a nuestra normativa vigente, es el Ministerio Público el encargado de dirigir exclusivamente la investigación de los delitos, debiendo probar en un juicio oral y público, la culpabilidad que correspondiere a un imputado, conforme a las evidencias que haya adoptado en la investigación, y que el Tribunal dictare una sentencia condenatoria en contra de una persona (art. 83 de la Constitución Política de la República y artículos 1°, 3°, 166 y 340 del Código Procesal Penal).

Es más, el imputado tiene es sujeto de una serie de derechos que no pueden ser impedidos, entre los que destacan el derecho a guardar silencio y el no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, menos a ser tratado como culpable (artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal).

Sin embargo, en un número muy elevado de casos, durante el procedimiento penal, se imponen diversas medidas cautelares contra el imputado, a fin de asegurar los fines del procedimiento conforme a la gravedad de los delitos. Entre estas medidas se encuentra la prisión preventiva, que es la medida más invasiva y que restringe en su totalidad la libertad del ciudadano, la libertad ambulatoria (artículo 19 n°7 de la Constitución Política, artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Cabe destacar que la prisión preventiva, en caso alguno, presume la responsabilidad del imputado, pero sí se ha criticado por el prejuzgamiento que supone su adopción respecto a la eventual culpabilidad del imputado, algo que se contrapone a la presunción de inocencia de toda persona [Hortvitz & López: Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, pp. 389 – 397].

Esta medida cautelar de prisión preventiva se ha vuelto famosa en nuestros días por su general e indiscriminada aplicación a los detenidos en las marchas de la movilización social, como una especie de “revanchismo” por parte del Gobierno y de los sectores de derecha hacia los detenidos. En base a esto debemos recordar la resolución de hace unos días atrás de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que suspendió del cargo al Juez Daniel Urrutia por haber sustituido la medida de prisión preventiva a un grupo de manifestantes, por una medida de arresto domiciliario, lo que demuestra una recalcitrante y sesgada decisión política y no jurídica de la Corte.

La prisión preventiva, como toda medida privativa o restrictiva de derechos, debe cumplir con ciertos requisitos taxativos contemplados en los Tratados Internacionales, la Constitución Política y la Ley. En este sentido, el Código Procesal Penal enumera tres requisitos que deben cumplirse copulativamente para que un imputado pueda ser sujeto a prisión preventiva, que se pueden agrupar en dos elementos: i) el supuesto material (letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal); y ii) la necesidad de cautela (letra c) del artículo 140 del Código Procesal Penal.

El primer elemento, esto es, el supuesto material o fumus boni iuris, dice relación con la existencia de antecedentes que justifican la existencia del delito, y que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en dicho delito. Esto quiere decir que los antecedentes que presente el Ministerio Público o el querellante, debe cumplir con un estándar elevado de convicción, de modo tal que permita al Juez de Garantía no incurrir en un falso positivo de privar a una persona de su libertad sin antecedentes que acrediten la veracidad de los hechos, la seriedad de los cargos, es decir, someter a prisión a un inocente [Riego, Cristián: La Prisión Preventiva en Chile: análisis de los cambios legales y su impacto, Ediciones UDP, 2011, pp. 34 – 41].

El segundo elemento, la necesidad de cautela o periculum in mora, dice relación con la existencia de antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o de la víctima del delito, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga. En otras palabras, se exige que el juez pondere la necesidad de la prisión preventiva solicitada por el fiscal, esto es, que considere, por una parte, cuál es el riesgo de que el comportamiento del imputado constituya una amenaza para el adecuado desarrollo del proceso y la aplicación de la sentencia y, por otra, la efectiva utilidad de la prisión preventiva para evitar o disminuir ese riesgo [Riego, Cristián: ob. cit., p. 42].

– Se entiende que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pueda obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente

– Para considerar si la libertad del imputado es o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal debe considerar alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hechos de actuar en grupo o pandilla; cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra; cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no; cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal como orden de detención judicial pendiente u otras, en libertad condicional o cumpliendo alguna de las penas sustitutivas a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la ley.

– Se entiende que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes.

Analizados someramente los requisitos de procedencia de la prisión preventiva, cabe tener presente los efectos catastróficos que tendría la pandemia del Covid-19 en personas imputadas y sujetas a prisión preventiva.

Es de público conocimiento que el Covid-19 tiene la calidad de pandemia hace ya 1 mes aproximadamente. A pesar de que la mortalidad de este virus suele ser bastante baja, salvo en personas de la tercera edad y enfermos crónicos, su facilidad de transmisión entre la población lo hace un tema a considerar.

Sabemos ya que los recintos penitenciarios distan mucho de ser dignos para la población penal (salvo para los condenados por delitos de lesa humanidad), que existe hacinamiento, pésimas condiciones de higiene, entre muchas otras. A pesar de que no podemos tratar el tema de los condenados por un tema de extensión, nos parece que deberían tomarse las medidas necesarias para evitar el contagio entre la población penal. Si es posible imponer penas sustitutivas, sería una salida a un problema que nos parece razonable.

Sin embargo, el tema de los imputados sujetos a prisión preventiva es mucho más complejo, ya que estas personas no se encuentran condenadas por una sentencia, es decir, son inocentes, como vimos anteriormente. En nuestra opinión, a estas personas se les debe sustituir la medida de prisión preventiva por una de las medidas del artículo 155 del Código Procesal Penal, que pueden ser el arresto domiciliario total o parcial, la libertad vigilada, la firma mensual, semanal, etc., prohibición de salir del país, etc. Esto lo señala el propio artículo 145 del Código antes mencionado, al prescribir que en cualquier momento del procedimiento, el tribunal, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, PODRÁ sustituir la prisión preventiva por alguna de las medidas del artículo 155.

Lo anterior nos parece de sumo razonable y una señal clara de evitar la mayor cantidad de contagios del Covid-19. Atendiendo a que los Juzgados de Garantía tienen como función primordial, velar y garantizar el respeto de las garantías constitucionales de los intervinientes [López, Julián: Debido Proceso en Chile: hacia un principio generador de reglas, Lexis Nexis, 2006, p. 197], y entre éstos, de los imputados, nos parece que los Juzgados de Garantía están obligados, por el respeto de la vida y la salud de las personas imputadas, a sustituir la prisión preventiva por algunas de las medidas del artículo 155. Es más, resulta del todo contradictorio pensar que un imputado pueda darse a la fuga considerando el alto riesgo de contagio del Covid-19 y el peligro que puede significar para su propia familia o entorno cercano. El imputado que así lo haga, se pone en riesgo él mismo, por lo que la autorresponsabilidad funciona como un criterio más que suficiente de sujeción y  evitación de fugas de imputados. La cuarentena –sea esta voluntaria o forzosa- evita que la persona imputada sea un peligro para la seguridad de las víctimas, de la sociedad o que se pueda dar a la fuga.

Por tanto, a nuestro criterio, deberían alzarse todas las medidas de prisión preventiva y sustituirlas por alguna de las medidas del artículo 155 del Código Procesal Penal, y así evitar un contagio mayor y que podría ser catastrófico, considerando las condiciones actuales de nuestros recintos penales. Si el presidente Piñera está dispuesto a dejar en libertad a criminales de lesa humanidad por las atrocidades que ejecutaron en dictadura, con mayor razón se les debiera dejar en libertad a personas que no han sido condenadas.

De más está decir que la liberación de algunos de los criminales de lesa humanidad ocurrida uno de estos días por la Corte de Apelaciones de Santiago, la rechazamos rotundamente, puesto que los Tratados Internacionales prescriben que los crímenes de lesa humanidad –como los ocurridos en Chile durante la dictadura- son imprescriptibles, inamnistiables, e inindultables, por lo que existe una violación del Estado de Chile, dirigida por la derecha más recalcitrante, a las obligaciones internacionales.

Camilo Duarte Duran

Egresado de derecho 

Universidad Alberto Hurtado