La crisis del neoliberalismo que ha provocado la propagación del virus COVID-19 sorprendió a nuestro país en medio de la protesta social más importante desde el retorno de la democracia, gatillada por el agotamiento de los pueblos frente a los abusos sistemáticos de las élites económicas y políticas. La movilización puso en evidencia las enormes desigualdades que el modelo neoliberal ha generado en la sociedad chilena: Desigualdad económica, social, geográca, de géneros y cultural. Y fue tan fuerte y mayoritario el reclamo popular, que las elites tuvieron que ceder la llave más resguardada para la mantención de esa desigualdad: la Constitución.

Sin embargo, de ese escenario saltamos otro y hoy estamos en medio de una crisis sanitaria, que es de carácter planetario, la cual nos sorprendió en medio del debate político y de la campaña electoral que conquistó la ciudadanía: el plebiscito para una Nueva Constitución. Y paradójicamente, enfrentados a la crisis sanitaria, económica y social más fuerte que hayamos tenido en los últimos 35 años. Hoy se ha hecho más evidente aún el agotamiento del modelo de desarrollo neoliberal de nuestro país, el cual se sustenta en la Constitución actual. Por lo anteriormente mencionado es que tenemos la responsabilidad de entregar propuestas al pueblo, primero, y al Gobierno (Principal responsable), propuestas que den cuenta de un camino a seguir para salir de la crisis, ya que Chile puede hacerlo hoy, con voluntad política y buenas decisiones, pensando en todo el pueblo y no solo en los más ricos del país como lo están haciendo hasta ahora Sebastían Piñera y Jaime Mañalich.

Es por ello que suscribimos a las siguientes propuestas, y al mismo tiempo, hacemos un llamado a la oposición social, las fuerzas anti neoliberales en la oposición política y al pueblo en su conjunto a llevar adelante una propuesta en común por la vida y dignidad en tiempos de crisis. En esa perspectiva, proponemos las siguientes medidas para enfrentar la crisis, con un sentido de pervivencia y humanidad:

1.- Un plan nacional de reforma al sistema de salud chileno, con medidas inmediatas como aumento de presupuesto y control estatal de todo el sistema de salud privado mientras dure la pandemia, de manera de garantizar la democratización de la atención médica, sin tener que traspasar recursos públicos para el lucro de las empresas privadas de salud. Esto debe incluir, la creación de una facultad nacional de especialidades médicas, que promueva la formación de los especialistas que se requiere con urgencia en el país. Sumado a esto la creación de un nuevo sistema nacional de organización frente a catástrofes sanitarias, conformado por académicos, instituciones especializadas y organizaciones sociales.


2.- Fin de las AFP y pedir retorno de sus fondos en inversión extranjera para que se inviertan en nuestro país, que los recursos de todos los trabajadores chilenos que están en dichos fondos, no sigan alimentando a la gran empresa, sino que sean invertidos en áreas productivas, servicios, de infraestructura, tecnológicas y cientícas, de manera que benecien a todos los chilenos y chilenas.


3- Creación de un fondo para la Nacionalización de todas las empresas estratégicas que entren en crisis para que los servicios básicos de la vida de los chilenos y chilenas no queden expuestos nuevamente a la especulación de la bolsa y a que sean negocio de empresas multinacionales, sino que sean una garantía de vida y tranquilidad de nuestro pueblo.


4.- Renta Pandémica asegurada de parte del Estado equivalente al sueldo mínimo, garantizar que ningún trabajador/a ni su familia quede expuesto a caer bajo la línea de la pobreza por la pandemia y cuarentena. Esta renta debe incluir a aquellas mujeres que trabajan no remuneradamente en sus hogares, realizando las labores domésticas, de cuidado y reproductivas.


5.- Decretar un impuesto a los súper ricos y grandes fortunas de los multimillonarios de Chile, para generar recursos scales que permitan garantizar la renta pandémica asegurada a las familias trabajadoras chilenas.


6.- Plan de alimentación nacional, creando una estructura nacional de distribución de alimentos de calidad en los sectores más pobres del país, sin ganancia por parte de intermediarios.


7.- Congelar el pago de servicios básicos por tres meses y que sea ilegal que las empresas de servicios corten los suministros de agua, electricidad o gas familias por no poder pagar sus cuentas.


8.- el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género debe incrementar las medidas para asegurar el apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar y el acceso a casas de acogida. Durante el aislamiento y la cuarentena las denuncias por Violencia Intrafamiliar se han incrementado enormemente.

9.- Decretar ilegal que los bancos cobren intereses por deudas no pagas durante el tiempo que dure la pandemia.


10.- Garantizar acceso de toda la población a mascarillas y examen gratuito para identificar el COVID-19. Son miles de familias chilenas las que no pueden acceder a un gasto semanal para esta mínima prevención, pero conscientes de ello, el Estado las obliga, las sanciona, pero no les ayuda ni en control de precios ni en su acceso.


11.- Urgencia a la ley de rentas regionales-territoriales que permita a municipios y gobiernos regionales consolidar un rol activo para salir de esta crisis, fortaleciendo la salud primaria, las cadenas alimentarias locales, la defensa del pequeño comercio, Mipymes y economía familiar rural.

Para las JJCC resulta evidente proponer estas propuestas en el contexto de cómo este gobierno ha hecho frente a la crisis, evidenciando las limitaciones que tiene el modelo económico chileno cuando se trata de asegurar bienestar y seguridad a al conjunto de  la población y no solo a los más ricos. Por otro lado, esto se agudiza al vislumbrar como Sebastián Piñera, no sólo ha ido improvisando sus respuestas a la crisis (de la cual pudo estar mejor preparado), sino que también ha ido enfrentándola con las lógicas mercantiles, ideologizadas y cortoplacistas que caracterizan el pensamiento de la derecha chilena.  En esta dirección, vemos, por ejemplo, como en los anuncios económicos realizados por este Gobierno, las principales medidas de apoyo a los sectores más vulnerables serán nanciado con sus propios ahorros, y los recursos de apoyo a pequeñas y medianas empresas comprometidos, no son más que un respaldo nanciero para que bancos comerciales otorguen créditos con criterios e intereses de mercado, con la agravante del aval del Estado. Además, las políticas de aseguramiento del empleo no tienen discriminación en relación al tamaño de las empresas, lo que involucra un salvataje encubierto para quienes tiene las espaldas para asumir responsabilidades laborales.

Todo indica que a este gobierno le apremia la necesidad de reponer a la brevedad la normalidad en el funcionamiento de la economía por sobre la prioridad de evitar mayores tasas de contagio. Y es que, en palabras del propio Ministro de Salud, “todos vamos a ser contagiados y de lo que se trata es que sea un contagio escalonado”. Particular estrategia, cuando la mayoría de los países han optado por evitar la propagación del contagio, y no por escalonar el mismo, en un contexto en que el gobierno no ha sido capaz de despejar los cuestionamientos sobre las cifras de contagios y muertes como lo ha manifestado una parte importante de la comunidad cientíca y gremios profesionales como el colegio médico.

El Estado debe actuar con prudencia y justicia social. Hay momentos, como este, en que se requiere de una mayor acción. Despojarse de la ortodoxia económica que ha hegemonizado la conducta de la política scal por casi medio siglo, y aumentar el gasto para proteger el empleo y salarios de las y los trabajadores, endeudarse lo necesario y posible, reducir los gastos en partidas presupuestarias menos urgentes, y aplicar políticas efectivas para el mejoramiento en la distribución del ingreso, como la carga tributaria de las grandes riquezas de nuestro país.

Frente a este escenario de cesantía e incluso hambre en el contexto de una fuerte recesión económica, creemos que debemos abordar respuestas territoriales en la organización de todo el pueblo chileno en un sentido amplio, preparando la organización de ollas comunes, brigadas sanitarias y comités de cesantes, a partir del fortalecimiento de la organización popular generada con la revuelta popular. En la misma línea, es un desafío articular respuestas por centros productivos, como los malls, así como sectores y ramas en torno a demandas comunes para avanzar en procesos de negociación colectiva y defensa del empleo más allá de la empresa. Es decir, debemos pasar a un estado superior de la organización popular en vista que el gobierno en su afán por “salvaguardarnos” (que no es nada más que salvaguardar el bolsillo de sus amigos empresarios) nos daña y vulnera directamente, a las y los más desposeídos de nuestro país.

Estas medidas representan la posición de las JJCC, en términos de consignas “Defender Al Pueblo Para Vencer”, es decir, avanzar hacia un aumento de las iniciativas populares que reflejen solidaridad de clase y un aumento de la organización que apunte hacia el triunfo de los sectores más populares en todas sus demandas y metas que se avecinan este 2020.

Juventudes Comunista de Chile

La juventud se levanta