El Crédito con Aval del Estado (CAE), fue una política pública implementada durante el gobierno de Ricardo Lagos con el objetivo de incorporar a estudiantes que no tuviesen los recursos para costear la educación superior (entendiendo además que nuestro país tiene uno de los aranceles más caros a nivel mundial), pero que desde un comienzo, ha sido cuestionado por el movimiento social por la educación. Las críticas apuntan principalmente a que dicho crédito es administrado por la banca (generando utilidades a costa del endeudamiento de los estudiantes), sumado a que el estado desde el 2013 al 2017 a subsidiado dicho crédito con recursos de todos y todas las chilenas la cifra de 55 mil millones de pesos, los cuales podrían haber sido destinados a ampliar la cobertura de la gratuidad implementada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

En relación a lo anterior y abordando la propuesta de Sebastián Piñera sobre un nuevo crédito, el encargado del Área Estudiantil de las JJCC, Cristóbal Morales, manifestó que “este síntoma se puede ver nuevamente en el caso de la Propuesta del nuevo CAE, por un lado no se hace cargo de los miles de estudiantes y ex estudiantes que se han endeudado para poder acceder a la educación superior y por otro, establece cuotas de pago de un 10%, siendo un nuevo fondo solidario más que una nueva alternativa que se haga cargo de los y las estudiantes que de forma momentánea no puedan acceder a la gratuidad”.

A la fecha —según un estudio de la Fundación Sol— son más de 870 mil estudiantes quienes han optado por el CAE para poder estudiar en la educación superior, de los cuales un 40% contemplando entre los desertores (que no terminaron su carrera) o egresados se encuentra en situación de morosidad (no pago). Asimismo, el estudio demuestra una correlación directa entre ingresos económicos, morosidad y pobreza, en cuanto a que en las comunas y regiones más pobres se encuentran la mayor cantidad de morosos.

En esta línea, la Secretaria Política del Regional de la Educación Superior Privada y estudiante de la Universidad Santo Tomás (grupo que concentra la mayor cantidad de morosos del CAE), aseguró que “es lamentable que precisamente sean los estudiantes de CFT, IP y Universidades Privadas quienes alcancen los índices de morosidad más elevados del CAE, puesto que son aquellos que padecen más condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. No se puede seguir permitiendo que la banca privada se robustezca con más de $100 mil millones de pesos en utilidades con fondos del Estado, menos a grupos como Santo Tomás y Laureate, que han estado investigados por lucro al menos durante dos oportunidades”.

Finalmente, resulta indispensable entender las múltiples consecuencias que trae consigo el CAE, sobre todo a quienes se encuentran en situación de morosidad: no permite a los estudiantes optar a créditos hipotecarios, mantiene a jóvenes y familias completas en un círculo que les impide salir de la pobreza, además de generar tremendas utilidades a la banca a costa de familias que incluso han llegado a perder sus casas por el crédito. La educación debe ser concebida como un derecho social para todos y todas, y para lograr aquello, un paso fundamental es el fin del CAE.