Las fuerzas de seguridad en la frontera noreste de la India han sido puestas en alerta tras informes de que 900 presuntos militantes de Myanmar devastado por la guerra han cruzado al inestable estado de Manipur, dijo un funcionario de seguridad.
Manipur se ha visto sacudida por enfrentamientos periódicos durante más de un año entre la mayoría predominantemente hindú Meitei y la comunidad mayoritariamente cristiana Kuki, dividiendo el estado en enclaves étnicos.
Los kukis, que viven en las montañas, tienen vínculos culturales, familiares y religiosos con las poblaciones tribales de Myanmar, donde decenas de grupos armados luchan contra el ejército desde que éste tomó el poder en 2021.
El asesor de seguridad del gobierno de Manipur, Kuldiep Singh, confirmó el viernes que las autoridades habían recibido informes de agencias de inteligencia locales sobre un posible cruce de presuntos militantes.
“Van a venir novecientas personas”, según el balance, dijo a los periodistas.
Singh dijo que los puestos fronterizos habían sido “alertados” y que las fuerzas de seguridad realizarían “operaciones de rastreo” en la zona remota y accidentada.
Los medios locales informaron que los intrusos eran militantes Kuki entrenados en la guerra en la jungla y que portaban drones armados.
Sin embargo, un grupo de estudiantes Kuki en Manipur desestimó la declaración como “propaganda” diseñada para difamar a su comunidad.
“No necesitamos ninguna ayuda externa para luchar contra esta comunidad secesionista Meitei”, afirmó la declaración de la Organización de Estudiantes Kuki.
Tras meses de relativa calma, este mes estallaron nuevos combates en Manipur entre grupos insurgentes que dispararon cohetes y lanzaron bombas con drones, matando al menos a 11 personas.
Los manifestantes de Meitei marcharon por la capital del estado, Imphal, la semana pasada para exigir que las fuerzas de seguridad actúen contra los insurgentes Kuki, a quienes culpan de los últimos ataques.
Las tensiones de larga data entre las comunidades Meitei y Kuki giran en torno a la competencia por la tierra y los empleos públicos.
Según cifras del Gobierno, los combates han obligado a unas 60.000 personas a abandonar sus hogares y han matado al menos a 200. Muchas no han podido regresar a sus hogares.
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