El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el martes que detendrá temporalmente el proceso de transición y exigirá la renuncia del fiscal general.
Este anuncio se produjo cuando la fiscalía superior del país allanó las instalaciones electorales y abrió las urnas para fotografiar su contenido. Arévalo lo calificó de “delitos flagrantes de abuso de autoridad con fines electorales” que violaron la Constitución de Guatemala.
Arévalo dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X que su equipo había informado al presidente Alejandro Giammattei que suspendían temporalmente la transición “mientras se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias”.
Giammattei respondió que su gobierno respeta la decisión de Arévalo pero no está de acuerdo con ella, porque fue tomada como resultado de acciones ajenas al Ejecutivo, “que no interfieren con el proceso que se ha desarrollado hasta la fecha”.
Apertura de urnas sin precedentes
Luis Gerardo Ramírez, portavoz del Tribunal Supremo Electoral, enfatizó que no habían otorgado el permiso para abrir las urnas y aseveró que el allanamiento se realizó con orden de un juez de la Procuraduría General de la República.
Según Ramírez, el fiscal había solicitado revisar al menos 160 cajas de votos de diferentes regiones, tarea que normalmente realizan el tribunal y los equipos de mesa el día de las elecciones.
Gloria López, directora electoral del tribunal, dijo que esta acción no tiene precedentes y no está prevista en la ley. Agregó que las urnas abiertas carecían de respaldos digitales, rompiendo la cadena de custodia.
“Ya no podríamos asegurar cuáles son exactamente los votos que están dentro de las urnas y cuál es el número de firmas y huellas dactilares en las (actas de escrutinio de los lugares de votación) que van a las urnas”, dijo.
Un ‘ataque frontal a la integridad del voto’
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Guatemala expresó preocupación por estas acciones. “La apertura de las bolsas electorales por parte de personas e instituciones distintas de las identificadas por la ley representa un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular”, afirmó en un comunicado.
El fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, que había estado investigando al partido Movimiento Semilla de Arévalo, encabezó el operativo. Ha enfrentado sanciones de Estados Unidos por supuestamente obstruir los esfuerzos anticorrupción.
Si bien la Fiscalía confirmó el allanamiento, no especificó el caso con el que estaba relacionado. El juez Fredy Orellana, que emitió la orden de la redada, también se ha enfrentado a sanciones del gobierno estadounidense.
tg/wd (AP, Reuters)
