Se supone que la digitalización es una prioridad estratégica para la Comisión Europea. A pesar de su gran anuncio en 2018 de una “Comisión Europea verdaderamente digital” para 2022, el ejecutivo de la UE está muy lejos de lograrlo.

Una estrategia actualizada, con fecha límite para su aplicación a finales de este año, podría permitir avanzar más. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo considera que el proceso de digitalización es poco más que una obra en construcción. Para que el proyecto se lleve a cabo, es hora de acelerar.

El Tribunal de Cuentas Europeo es responsable de la supervisión eficaz de las finanzas de la Unión Europea. A ello contribuye en gran medida una mejor infraestructura digital, que según nuestro análisis es insuficiente. El panorama informático de la UE es demasiado complejo, con una gran cantidad de sistemas localizados, bases de datos superpuestas y portales que dificultan una gestión financiera y una auditoría eficientes.

Esperando una mejor TI

Uno de los principales retos de la Comisión en materia de transformación digital es completar los proyectos emblemáticos sin más retrasos, lo que exige financiación y recursos suficientes, algo que actualmente no ocurre con los principales sistemas informáticos de gestión financiera y de contratación pública, como SUMMA, OPSYS y eProcurement.

Se supone que estos sistemas reemplazarán y mejorarán los sistemas actuales en uso, pero enfrentan demoras considerables y sobrecostes presupuestarios debido en gran medida a acuerdos de gobernanza complejos, prioridades conflictivas entre varios proyectos y la eliminación gradual de los sistemas locales.

Cabe destacar algunos avances. El sistema eGrants, que incluye herramientas informáticas integradas que intercambian datos de forma casi automática, está operativo desde 2014. En enero de 2022, casi el 90% de las subvenciones se habían concedido a través de esta plataforma.

Es esencial que la Comisión logre éxitos paralelos en lo que respecta a la gestión indirecta de los fondos de la UE por parte de organizaciones asociadas y otras autoridades dentro o fuera de la UE. En materia de contratación pública, la Comisión utiliza un mosaico de soluciones informáticas, algunas de las cuales son analógicas y carecen de cualquier rastro digital.

Los Estados miembros también utilizan una serie de herramientas informáticas. No todas están integradas en los sistemas de la UE, por lo que no hay medios eficaces para intercambiar información útil sobre quienes reciben fondos de la UE. Esto abre las puertas a la mala gestión y al uso indebido, por lo que el Tribunal de Cuentas insiste en mejorar la interoperabilidad entre los sistemas informáticos y las bases de datos nacionales y de la UE.

Este sigue siendo un gran reto, pero hay ejemplos positivos que se pueden seguir. La interoperabilidad es alta en Chequia, Estonia y Hungría. Los sistemas de cohesión electrónica de estos países están vinculados a registros nacionales, como los sistemas de contratación electrónica, los registros fiscales, los registros mercantiles y los sistemas de contabilidad de las autoridades de gestión. La mayoría de los 32 sistemas de Italia están vinculados a al menos un registro nacional.

Cientos de sistemas de información sobre transparencia

A través de su Sistema de Transparencia Financiera (STF), la Comisión publica información sobre los contratistas y los beneficiarios de las financiaciones gestionadas directa e indirectamente. Sin embargo, el STF no facilita información sobre el beneficiario final de los fondos, los destinatarios finales de los fondos gestionados por las organizaciones asociadas u otras autoridades dentro o fuera de la UE. La información que los Estados miembros facilitan a este respecto está aún más fragmentada. En la actualidad, la información se encuentra dispersa entre unos 300 sistemas de información nacionales, regionales e interregionales.

Existen muchas maneras de mejorar la transparencia, lo que garantizaría una mejor supervisión de los fondos de la UE y reduciría el riesgo de fraude y despilfarro. Una de ellas es asignar un identificador único a los contratistas y beneficiarios de la financiación. También existe la posibilidad de introducir una base de datos única de todos los fondos de la UE que se destinan a estos destinatarios de dinero público.

Además, el Sistema de Detección Precoz y Exclusión (EDES), que impide que entidades poco fiables reciban financiación de la UE, debe ampliarse para incluir los fondos de la UE gestionados por los Estados miembros. Arachne, una herramienta de puntuación de riesgo, por ahora es solo opcional; debe ser obligatoria.

El papel del auditor

La Comisión tiene la responsabilidad de abordar los desafíos y las oportunidades planteados en nuestro análisis. Si la UE quiere convertirse en una Unión “verdaderamente digital”, tanto la Comisión como los Estados miembros deben aprovechar al máximo las tecnologías que mejoran la transparencia y la eficiencia, reducen el despilfarro y eliminan el fraude.

El Tribunal de Cuentas Europeo desempeña un papel fundamental en la salvaguardia de la integridad de las finanzas de la UE, garantizando que las instituciones rindan cuentas y contribuyendo a fomentar la transparencia y la confianza en el bloque. En el cumplimiento de nuestro mandato, elaboramos informes detallados sobre áreas de actuación específicas, incluidas recomendaciones sobre cómo mejorar el rendimiento y garantizar un uso óptimo de los fondos de la UE.

Con menos sistemas superpuestos a nivel local y procesos más simplificados para impulsar la interoperabilidad de las TI, nuestra institución puede hacer su trabajo de manera más eficaz. La gestión financiera digital es una parte esencial de la cohesión europea y de la prestación de servicios a sus 450 millones de habitantes.