El máximo tribunal de las Naciones Unidas dictaminó el miércoles que Rusia había violado parcialmente un tratado antiterrorista al no investigar la financiación de los separatistas prorrusos en Ucrania, incluidos aquellos que derribaron el vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014.
Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se negó a pronunciarse sobre si Rusia era responsable del derribo del avión civil y se negó a ordenar que Moscú pagara compensación a las víctimas como solicitó Kiev.
En 2017, Ucrania pidió a la CIJ que declarara a Rusia culpable de violar sus obligaciones en virtud de dos tratados de la ONU, que ambos países firmaron, y le ordenara pagar reparaciones a los civiles ucranianos atrapados en la guerra de agresión de Rusia, así como a las familias de las víctimas de la Caída de Malaysia Airlines.
¿Qué dijo el tribunal?
El tribunal dictaminó que, según los términos de la convención internacional sobre la financiación del terrorismo, sólo las transferencias de efectivo podían considerarse apoyo a presuntos grupos terroristas.
La opinión de la CIJ dijo que esto “no incluye los medios utilizados para cometer actos de terrorismo, incluidas las armas o los campos de entrenamiento”.
“En consecuencia”, continúa el dictamen, “el supuesto suministro de armas a diversos grupos armados que operan en Ucrania… queda fuera del ámbito material” del convenio contra la financiación del terrorismo.
En última instancia, la CIJ rechazó la mayoría de las alegaciones de Ucrania y concluyó únicamente que Rusia “no había tomado medidas para investigar los hechos… relativos a personas que supuestamente habían cometido un delito”.
Una declaración de la CIJ dijo que el tribunal “rechaza todas las demás presentaciones hechas por Ucrania”.
Ucrania también afirmó que Rusia violó un tratado de derechos humanos al discriminar a los tártaros étnicos y a los ucranianos en Crimea, la península que Rusia anexó ilegalmente de Ucrania en 2014.
Respecto a este punto, la CIJ dijo que Rusia había violado el tratado antidiscriminación de la ONU al no proteger la educación en idioma ucraniano en Crimea. La CIJ citó estadísticas que muestran que la inscripción en cursos de idioma ucraniano se desplomó tras la anexión de Moscú en 2014.
Aún así, la CIJ no concedió compensación a Ucrania y rechazó otras denuncias de discriminación contra tártaros y ucranianos étnicos después de 2014.
El caso es anterior a la invasión rusa
El caso se presentó antes de que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
El embajador de Rusia en los Países Bajos, Alexander Shulgin, acusó a Ucrania de “mentiras descaradas y acusaciones falsas… incluso ante este tribunal”.
El diplomático ucraniano Anton Korynevych respondió que Rusia tenía la intención de intentar “borrarnos del mapa”.
“A partir de 2014, Rusia ocupó ilegalmente Crimea y luego emprendió una campaña de borrado cultural, apuntando a los ucranianos étnicos y a los tártaros de Crimea”.
La CIJ se abstuvo de fallar contra Moscú en 2017, diciendo que Ucrania no había proporcionado pruebas claras de que se hubieran utilizado fondos rusos “para causar la muerte o daños corporales graves a un civil”.
Sin embargo, en ese momento, la CIJ ordenó a Moscú que eliminara las “limitaciones” impuestas a los ucranianos y tártaros de Crimea que vivían en la península ocupada.
js/wmr (AFP, Reuters)
