Priorizar la protección de las personas en situaciones de crisis
Los líderes de la UE han acordado ahora una posición conjunta sobre cómo hacer frente a los aumentos repentinos de llegadas a las fronteras de Europa. Como parte del pacto de la UE sobre asilo y migración, la “regulación de crisis y fuerza mayor” enumera varias medidas que permitirían a los Estados miembros desviarse de las normas de asilo de la UE.
Con una definición amplia de crisis y una amplia discreción para los Estados miembros para elegir entre una serie de excepciones, el acuerdo del Consejo sobre este reglamento plantea serias preocupaciones sobre la protección de los derechos de los inmigrantes. A medida que comienzan las negociaciones entre los responsables de la toma de decisiones de la UE, el Parlamento Europeo debería limitar los criterios que activan las medidas de crisis para garantizar que sigan siendo excepcionales.
Según la posición del Consejo, en situaciones de crisis o de fuerza mayor, las autoridades podrán canalizar a más personas hacia procedimientos acelerados en las fronteras sin garantizar un examen sistemático de sus solicitudes de asilo. Las personas que necesitan protección podrían estar expuestas a grandes riesgos porque son devueltas antes de que se tome una decisión final sobre su caso.
El Parlamento debe seguir promoviendo más medidas de protección ante el aumento de llegadas. Por ejemplo, reubicar a los solicitantes de protección en otros Estados miembros de la UE u otorgar un estatus de protección internacional prima facie –sin una investigación exhaustiva– similar al enfoque aplicado a las personas que huyen de Ucrania.
Además, el preocupante concepto de “instrumentalización” sugerido por la Comisión Europea se confirma en la posición del Consejo, con un impacto de largo alcance. El término describe acciones de terceros países o actores no estatales para facilitar la llegada de un gran número de personas a la UE. Es otro detonante para que los Estados miembros implementen medidas de gestión de crisis como las descritas anteriormente.
Según la posición del Consejo, se puede considerar que los actores no estatales, como las organizaciones humanitarias, utilizan a los inmigrantes para desestabilizar la UE o poner en peligro la seguridad nacional. Esto también puede aplicarse cuando un gran número de personas son llevadas a un lugar seguro después de una operación de búsqueda y rescate.
Se debe apoyar a los migrantes y el trabajo de quienes los ayudan, no desacreditarlos.
Ya hemos visto las consecuencias dañinas que puede tener para la dignidad y los derechos de los migrantes en la frontera oriental de la UE combinar el acceso vital a la asistencia humanitaria con consideraciones de seguridad y política exterior.
En lugar de ello, se debe apoyar, no desacreditar, a los migrantes y el trabajo de quienes los ayudan. Este enfoque pone en entredicho inherentemente la capacidad de proteger y salvar vidas. Por tanto, es importante rechazar el concepto de instrumentalización en la posición del Consejo, para evitar socavar las necesidades de protección de las personas.
Como organización humanitaria que anticipa y responde a todo tipo de emergencias, nuestra experiencia nos dice que la mejor manera de evitar las crisis es fortalecer la preparación y mejorar la resiliencia de los sistemas nacionales de recepción y asilo de migraciones.
Invertir recursos y capacitar personal para mejorar el acceso a los servicios para los migrantes beneficiaría el bienestar de las personas y las perspectivas de integración, así como las capacidades de los Estados. El apoyo operativo y financiero de la UE también puede contribuir en gran medida a responder a las necesidades y lagunas sobre el terreno.
A pesar de algunas mejoras en la posición del Consejo, se sigue prestando excesiva atención a prevenir nuevos movimientos, en lugar de permitir que las personas accedan a procedimientos de asilo justos y tratarlas con dignidad. A medida que continúan las negociaciones, los colegisladores deberían dejar de enmarcar la migración como un riesgo para la seguridad y abogar por disposiciones que prioricen los derechos de las personas reforzando los sistemas para que las situaciones desafiantes no se conviertan en crisis en primer lugar.