El artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es la base jurídica para que la Unión adopte medidas excepcionales en situaciones de emergencia económica o desastres naturales. Estas medidas sólo requieren una propuesta de la Comisión Europea y una mayoría cualificada de votos en el Consejo.

El artículo pretende garantizar la solidaridad entre los Estados miembros y responder a situaciones que no pueden esperar a que los procesos, a menudo engorrosos, de la UE actúen a su ritmo habitual. Su aplicación, sin embargo, suscita polémica sobre el papel desempeñado por la única institución elegida directamente por los ciudadanos europeos: el Parlamento Europeo.

El artículo 122 ha marginado cada vez más el papel del PE en la gestión de crisis: ha pasado de ser un participante consultado a un espectador VIP. Esta tensión entre eficiencia operativa y rendición de cuentas ha sido una constante cada vez que la UE ha activado su mecanismo de respuesta de emergencia.

En la crisis del euro a principios de la década de 2010, se utilizó el artículo 122 para implementar el reglamento que establece el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, cuyo objetivo es proporcionar líneas de crédito a los Estados miembros que enfrentan dificultades financieras.

Durante la crisis de los refugiados, sirvió de base para el Instrumento de Apoyo de Emergencia. En la pandemia de Covid-19, el artículo 122 se utilizó para adoptar el Reglamento SURE, que proporcionó apoyo financiero a los estados miembros para proteger los empleos y para crear el Instrumento de Recuperación de la UE.

Más recientemente, la crisis energética de 2022 impulsó el uso del artículo para adoptar medidas como las regulaciones sobre la reducción coordinada de la demanda de gas y sobre la intervención de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía.

Por supuesto, en una situación de crisis, la velocidad de la respuesta es casi tan importante como la respuesta misma. Como en la mayoría de los estados constitucionales, el poder ejecutivo debería desempeñar un papel dominante sobre el legislativo.

Sin embargo, cualquier poder ejercido sin controles ni equilibrios, incluso por una buena causa, puede dar lugar a abusos. En casos específicos de la UE, involucrar al PE es esencial para mitigar ese riesgo.

Se puede mejorar el papel del PE en la activación del artículo 122 sin necesidad de modificar los Tratados. El próximo Acuerdo Interinstitucional debería incluir el compromiso del presidente de la Comisión y de los comisarios pertinentes de comparecer ante el PE en un plazo de 24 horas tras la activación del mecanismo para explicar por qué lo han hecho.

Para evitar que la excepción se convierta en regla, como lo permiten las constituciones francesa y española, se debería requerir la aprobación del PE cuando las medidas excepcionales excedan un plazo razonable. Esto no debería ser más de un mes.

El uso del artículo 122 por parte de la UE ha sido en general positivo y, sobre todo, muy eficiente para lograr sus objetivos. Pero la UE es más que eso. Es, y debe seguir siendo, un ejemplo global de democracia y transparencia.

Es por eso que el uso cada vez mayor de las medidas de emergencia del Artículo 122 debe verse como una oportunidad para implementar una reforma simple pero necesaria que refuerce algunas de las características más importantes del bloque: la rendición de cuentas y el estado de derecho.